A 76 kilómetros de tierra firme, la Isla Puná se muestra como un paraíso de paz. Es el único de los 6 Circuitos del Distrito Sur de Guayaquil que la Policía no registra delitos de impacto social como:sicariato, violación, robo a domicilios, robo a unidades económicas; en contraste con lo que se experimenta en el Puerto Principal y otras zonas del país.
Llegar a sus comunidades desde la parroquia Posorja (35 minutos en lancha) es respirar tranquilidad y caminar con esa confianza que se ha perdido en las calles de la Perla del Pacífico. Una armonía que se dibuja como paisaje en el liberado juego de los niños y el descanso de adultos mayores, afuera de sus viviendas o en las polvorientas calles de las comunas Bellavista y Campo Alegre. Sitios donde están privados de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, pero sus habitantes se autocalifican como sanos y muy tranquilos.
“Es un pueblo donde todos nos conocemos”, dice Wendy Álvarez, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Puná.
Pero sostener que no hay delitos (graves o leves) en los 919 kilómetros de extensión de la tercera isla más grande de Ecuador sería una quimera. Previo a las intervenciones policiales en la Perla del Pacífico, el coronel Ricardo Manitio, jefe del Distrito Sur, comentó a EXPRESO que Puná era el único Circuito que no registraba delitos. Sin embargo, reconocía que sí habían hechos menores, por lo que había dispuesto al personal asignado a la Isla que los atiendan y registren.
“(…) No es el sicariato, asesinatos, ese tipo de cosas que aquejan allá (en Guayaquil)… peroel ingreso de personas con armamento sí aqueja porque quitan la paz que tenía antes Puná. Eso viene desde el año pasado a raíz de la pandemia (…) hay ingreso de drogas como en Guayaquil, no sabemos las rutas, pero la población sabe que existe el microtráfico”, denuncia Álvarez al sostener que con el consumo de drogas llegan la delincuencia y las muertes violentas. Por ello considera oportuno el despliegue de más personal policial y no esperar a que la isla se vuelva conflictiva.
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Uno de los grandes problemas que observan sus habitantes es la transformación de bares en prostíbulos, con la llegada de foráneos. “Como no hay un control ni de la Armada ni de la Policía eso se presta al consumo de bebidas alcohólicas y drogas, ahora hay burdeles, cuando hay ese tipo de negocios viene la violencia incluida”, añade la funcionaria.
El teniente político Luis Villao reconoce que en la isla no hay sicariatos, pero asegura que sí hay robos a viviendas por el consumo de drogas. Además del grave problema que sufren las poblaciones costeras: la piratería con el robo de la pesca artesanal, las lanchas y motores.
“Se han realizado reuniones con el Distrito Sur pidiendo más personal a la policía”, menciona Villao. Detalla que apenas cuentan con 20 uniformados para el resguardo de los 17.000 habitantes que tiene la Isla, cuyos esteros son aprovechados por delincuentes.
Es la falta de recursos lo que impide denunciar hechos delictivos, que no son considerados dentro de cifras oficiales. “Las personas no se quieren movilizar a presentar la denuncia por la distancia, por recursos y hay que mediar con la Policía Nacional este tipo de problemas. A veces se trata de recuperar lo robado, pero nosotros somos direccionados a la Fiscalía de Playas o a Guayaquil, según el delito que sea, es bastante complicado”, comenta el funcionario.
