Tras la determinación de una millonaria glosa por el uso de los aviones presidenciales entre 2012 y mayo de 2017, el expresidente Rafael Correa está obligado, por la vía administrativa, a responder por un perjuicio al Estado que suma $ 10,1 millones y a pagar $ 22.140 por multas. Además, de acuerdo con los documentos de la Contraloría, su nombre está registrado en tres informes de indicios de responsabilidad penal.
Las responsabilidades civiles (glosas), administrativas y penales que le han sido señaladas se originan en los exámenes especiales realizados a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública (emisión del decreto ejecutivo 1218); al proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería Cetes; y al uso de los aviones y vuelos presidenciales.
De esas auditorías se desprendieron dos glosas: una que corresponde a las aeronaves, por $ 9,6 millones, y otra, a la emisión de Cetes, por $ 515.383. En cuanto a las multas, el exmandatario ha sido sancionado con $ 7.320 por modificar sin sustento legal la metodología de cálculo de la relación deuda pública vs. PIB; $ 7.320, por los cambios en la colocación de Cetes, lo que provocó costos financieros en contra del Estado, según las auditorías del organismo de control.
En los tres exámenes especiales hay indicios de responsabilidad penal (IRP). Sin embargo, en más de una ocasión, Correa ha cuestionado tales informes, pues aduce que carecen de sustento técnico y que, más bien, se han convertido en una herramienta política para acusarlo de corrupción.
El jueves pasado, en Twitter, informó que el miércoles le había llegado la notificación de la glosa por el uso de aviones presidenciales durante los últimos cinco años de su gobierno. Ese perjuicio al Estado, no obstante, también dio origen a un informe de indicios penales que fue remitido a la Fiscalía y que se basa en cinco presunciones.
