Durante la última semana, la cotización de la onza de oro ha superado la barrera de los $2.880. Existen proyecciones de que se podría superar los $3.000 por onza en corto plazo. Esta situación es una buena y una mal noticia para Ecuador. Por un lado, se potencian las exportaciones de las minas legales; pero al mismo tiempo aumentan los incentivos de las mafias y grupos criminales detrás de la minería ilegal.
El mercado del oro cerró 2024 con niveles récord en demanda y precios, tendencia que ha continuado en las primeras semanas de 2025.
El metal precioso ha superado la barrera de los $2.880 por onza durante la última semana, impulsado por temores a una escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, reafirmando su papel como activo refugio en un entorno económico incierto.
Analistas de Bloomberg Intelligence señalan que el impulso en los precios se mantiene sólido, ya que los inversores continúan viendo al oro como una cobertura contra el riesgo. Según el informe anual del World Gold Council, la demanda total de oro en 2024 alcanzó las 4.974 toneladas, marcando un nuevo hito en el sector.
Analistas de Citi proyectan que el precio del oro podría alcanzar los $3.000 por onza en el corto plazo, impulsado por las continuas tensiones geopolíticas y las políticas comerciales agresivas.
Este contexto sugiere que el oro continuará siendo una opción preferida para los inversores que buscan proteger su capital en tiempos de volatilidad económica.
En este contexto, Ecuador puede aprovechar la demanda creciente y los precios históricos para impulsar la producción y las exportaciones formales y legales; pero al mismo tiempo se deben buscar formas de frenar una creciente minería ilegal controlada por mafias y grupos criminales.
Oportunidades para Ecuador de los precios históricos del oro
-Impulso a la Minería Legal y Formal: El alto precio del oro puede atraer inversiones en proyectos mineros legales, fomentando la creación de empleos y el desarrollo económico en regiones mineras.
La proyección es que las exportaciones mineras alcanzarán los $ 4.000 millones este 2025, según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), con base en datos del Ministerio de Energía y Minas.
La meta representa una recuperación y crecimiento importante para la actividad tras un 2024 en el que la extracción de minerales se ha visto afectada por la crisis eléctrica.
En 2023 las exportaciones mineras sumaron $ 3.324 millones, pero bajaron a menos de $3.000 millones durante 2024.
-Incremento en ingresos fiscales: Una mayor producción de oro en el sector formal podría traducirse en un aumento de ingresos para el Estado a través de impuestos y regalías, fortaleciendo las arcas públicas.
La minería es el cuarto rubro de la economía nacional, el tercero de la canasta de exportaciones no petroleras y el primero de exportaciones no tradicionales. Si se toma en cuenta toda la cadenas vinculadas, las actividades de explotación de minas y canteras son la cuarta fuente de impuestos en Ecuador. En 2024, el aporte fue de $1.216 millones.
Como ya se ha analizado Zamora Chinchipe, gracias al impulso de las dos minas a gran escala (Mirador y Fruta del Norte) es la segunda provincia, solo superada por Pichincha, con mayor pago per cápita de impuestos.
-Desarrollo de infraestructura y servicios: Las inversiones en minería formal suelen ir acompañadas de mejoras en infraestructura y servicios en las comunidades cercanas, elevando la calidad de vida local.
Riesgos para Ecuador de los precios históricos del oro
-Auge de la minería ilegal: El elevado precio del oro puede incentivar actividades mineras ilegales, que operan sin regulaciones ambientales ni laborales, causando daños significativos.
En los últimos tres años, según investigaciones de medios como Plan V, se realizaron ventas ilegales de oro desde Ecuador por más de $1.300 millones. El daño económico alcanza esas dimensiones: miles de millones de dólares.
Se han identificado cuatro enclaves productivos principales de minería ilegal en Ecuador, abarcando nueve provincias, donde operan organizaciones con estructuras de gobernanza criminal. Estos enclaves son:
Enclave Sierra-Norte: Comprende áreas de las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
Enclave Centro-Amazónico: Se concentra en partes de la provincia de Napo.
Enclave Sur-Amazónico: Ubicado en zonas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
Enclave Suroeste: Abarca las provincias de Azuay, El Oro y Loja.
Estas áreas se caracterizan por la extracción ilegal de minerales, especialmente oro, y la presencia de estructuras criminales que controlan la actividad minera, estableciendo sistemas de gobernanza paralelos al Estado.
En medio del aumento de la cotización del oro, se vuelve cada vez más urgente la necesidad de una intervención integral por parte del Estado para recuperar el control de estos territorios y combatir eficazmente la minería ilegal.
-Control criminal de plantas de beneficio: Muchas plantas de beneficio en Ecuador carecen de permisos y son utilizadas para procesar minerales extraídos ilegalmente, a menudo bajo el control de grupos criminales.
Todo el mineral extraído de ilegalmente en miles de puntos del país se procesa en instalaciones industriales conocidas como plantas de beneficio. En Ecuador existen unas 120, de las cuales la mayoría opera sin permisos ambientales. Muchas de ellas han sido tomadas por bandas criminales.
-Impactos ambientales y sociales: La minería ilegal conlleva deforestación, contaminación de fuentes hídricas y conflictos sociales, afectando a comunidades locales y ecosistemas sensibles.
Las mafias de la minería ilegal compran comunidades y las involucran en el negocio. Se ha denunciado que familias pobres reciben entre $800 y $1.000 mensuales como compensación. Otro monto se destina a la comunidad, donde es común invertir en maquinaria. Una retroexcavadora puede generar ingresos mensuales de aproximadamente $25.000.
-Compradores de oro: China, Emiratos Árabes e India son algunos de los principales compradores de oro ilegal. En países como Colombia o Perú, donde esta actividad criminal está prácticamente consolidada, la minería ilegal mueve cerca de $11.000 millones al año
-Pérdida de ingresos para el Estado: Las exportaciones ilegales de oro representan una pérdida significativa de ingresos fiscales, ya que estas operaciones evaden impuestos y regalías.
