Un juez dictó penas abreviadas contra 31 personas, por el delito de asociación ilícita, tras reconocerse su participación en actividades extorsivas ejecutadas desde un call center ubicado en el norte de Quito.
Las condenas se dictaron bajo el mecanismo de procedimiento abreviado, luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad para reducir su pena.
Según la Fiscalía, desde este call center se llamaba y enviaba mensajes a personas en el extranjero para exigirles dinero, utilizando amenazas violentas. Los sentenciados admitieron que enviaban fotos y videos que mostraban escenas fuertes, con el propósito de asustar a las víctimas y obligarlas a pagar.
Contexto del caso
El caso salió a la luz tras un operativo policial realizado el 25 de junio de 2025. En el lugar se encontraron equipos tecnológicos y aplicaciones utilizadas para extorsionar, como Pegasus y Rimbill, así como celulares y evidencias digitales relacionadas a los delitos.
Aunque se procesó inicialmente a 44 personas, solo 31 se sometieron al procedimiento abreviado. Los otros trece continúan en el proceso judicial normal. La Fiscalía anunció que apelará la decisión de sobreseer a diez de ellos, al considerar que aún hay pruebas que deben analizarse en juicio.
Además de las extorsiones, durante el proceso se detectaron indicios de otros posibles delitos, como enriquecimiento ilícito, falta de afiliación al IESS y violación a la intimidad. Estos hechos continúan bajo investigación para determinar si existen más responsables.
