Las tres acciones de protección presentadas por dos empresas contratadas en administraciones anteriores impedían la ampliación del tramo Santo Domingo – Unión del Toachi de la vía Alóag, competencia del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Luego de cinco años de espera, la ampliación a cuatro carriles del tramo KFC – Unión del Toachi, en la vía Alóag, finalmente será una realidad. Así lo anunció la prefecta Johana Núñez, tras la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto las tres acciones de protección interpuestas por las empresas contratadas en la administración anterior, consorcio Multinacional Tsáchila y la compañía Hidalgo & Hidalgo.
Estas acciones legales habían paralizado el proyecto y generado retrasos significativos en su ejecución.
La Prefecta informó que también se ha solicitado la devolución del anticipo entregado a Henry Ayala, representante del consorcio Multinacional Tsáchila. “El juez ha otorgado un plazo de cinco días para que se reintegren los 5 millones 277 mil 490, 76 dólares, que sumarán a los cerca de 17 millones del dinero que ingresa en el peaje”, precisó.
Además, indicó que ahora será posible iniciar la actualización de los estudios para la ampliación de los 15 kilómetros de vía, ya que las expropiaciones ya fueron realizadas en su momento.
EL DATO
Los jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo, que otorgaron las acciones de protección a las dos compañías involucradas, serán sancionados administrativamente por el Consejo de la Judicatura.
Antecedentes de la ampliación
Existen dos contratos relacionados con la ampliación de la vía, firmados por los exprefectos Geovanny Benítez y Andrea Maldonado.
El primero, suscrito por Benítez en agosto de 2018 con el consorcio Multinacional Tsáchila, tenía un valor de $26.387.453. Posteriormente, al dejar el cargo para postularse como alcalde de Santo Domingo, la viceprefecta Andrea Maldonado asumió la Prefectura y adjudicó un nuevo contrato, por contratación directa, a la compañía Hidalgo & Hidlago.
Ambas empresas interpusieron acciones de protección tras la decisión de la prefecta Johana Núñez de dar por terminado el contrato firmado por Maldonado.
