La Asamblea Nacional debe responder a la consulta realizada por la jueza nacional Daniella Camacho, quien el viernes envió un documento al presidente, César Litardo, solicitando que el Pleno se pronuncie sobre la vinculación del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y la asambleísta Viviana Bonilla a la investigación denominada Sobornos 2012-2016.
La fiscal general, Diana Salazar, pidió la vinculación de 22 personas a la instrucción fiscal, en la que se investiga supuestos ingresos irregulares al movimiento político Alianza PAIS, entre esos años, a cambio de beneficios como adjudicación de obras.
Ante el pedido, los legisladores coinciden en que debe existir una respuesta pronta del Legislativo, para que continúe el proceso judicial, a pesar de que la Ley les otorga el plazo de 30 días para hacerlo.
También están de acuerdo en que no hay necesidad del levantamiento de fuero de Corte Nacional para Correa y Glas, puesto que ya pasó más de un año desde que ejercieron las funciones al frente del Ejecutivo. Un pronunciamiento similar se dio en el caso del secuestro de Fernando Balda, cuando se pidió la vinculación del exmandatario al caso.
Homero Castanier (CREO) sostuvo esta mañana que el tema tiene que ser tratado en el menor tiempo posible, porque la próxima semana inicia la vacancia legislativa. Además, señaló que “el fuero de Corte funciona cuando se está en funciones y ellos ya no son Presidente ni Vicepresidente”.
Eliseo Azuero (BADI) insiste que la Asamblea debe responder esta semana a la jueza para que el proceso judicial avance y que Correa y Glas no requieren de un pronunciamiento de la Asamblea. “Se tiene que proceder como un ciudadano común”, indicó.
Lo mismo sostiene el segundo vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso. “Para los exdignatarios no es necesario. La Asamblea debe declarar improcedente el pedido de la jueza Daniella Camacho”, señaló.
¿Qué debería pasar con Viviana Bonilla?
Un criterio diverso hay sobre el caso de Bonilla, quien actualmente es legisladora independiente. La discrepancia se da debido a que el presunto hecho ilícito habría sido antes de que ella ostentara la calidad de asambleísta y que el hecho no estaría relacionado con el ejercicio de sus funciones.
Legisladores de diferentes bancadas sostienen que no sería necesario levantarle el fuero porque no ocupaba el actual cargo de elección popular, sino que era candidata a la Alcaldía de Guayaquil por Alianza País.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que “para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta se
requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones” (art. 111).
Por esto, René Yandún (BIN) sostiene que si Bonilla “no estuvo en un cargo público y no fue parte de la Asamblea, el Legislativo tendrá que analizar correctamente y a lo mejor hasta abstenerse”, dijo. Al contrario que con Correa y Glas, en el que la postura es clara.
Donoso es más tajante y considera que sí es necesario un pronunciamiento. “Ella es asambleísta en funciones. Se necesita mayoría absoluta para definir (70 votos)”, explicó.
El movimiento Alianza PAIS analizará qué postura tener hoy a las 18:00. Alberto Arias confirmó que se reunirá el bloque para establecer si es necesario o no el pronunciamiento. “Es un tema muy delicado porque al levantar la inmunidad es coartar derechos de un asambleísta. Se necesita revisar. El pueblo necesita que haya transparencia y de ahí viene la decisión política de los asambleístas”, puntualizó.
