Desde ayer entraron en vigor los nuevos impuestos incluidos en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Entre esos está el Impuesto a los Consumos Especiales. Por ejemplo, los que tengan un plan pospago de telefonía móvil deberán pagar 10% más, desde este mes.
Mientras que los servicios de plataformas digitales, como Uber, Netflix, Airbnb y Spotify, que están gravados con el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no se aplicará de forma inmediata.
Sin embargo, la forma como la Asamblea viabilizó a última hora la publicación de la normativa en el Registro Oficial levanta críticas y podría abrir la puerta a recursos de inconstitucionalidad a corto plazo.
Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), rechazó que con apenas 61 votos se haya aprobado saltarse los plazos de ley, para que el paquete de reformas tributarias esté vigente desde el primer día de este año.
“La forma de aprobar la Ley tributaria refleja la desesperación por recaudar del Gobierno. Improvisación y desorden. Ya veremos si el proceso se apegó a lo que manda la Constitución”.
El 30 de diciembre de 2019 se la Asamblea sesionó, debido a que los legisladores no se habían allanado o negado la objeción 9 del veto parcial del Ejecutivo, referente al impuesto sobre los dividendos. Esa omisión hacía peligrar que la Ley se pueda promulgar el pasado 31 de diciembre en el Registro Oficial.
De acuerdo con Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, todo lo actuado está dentro de la Constitución. “Las reformas recaudarán cerca de $585 millones en 2020, $606 millones en 2021 y $570 millones en 2022.
En el presente año, el ítem que más ingresos generará es el que corresponde a la contribución temporal de los ingresos de las empresas, cuyo porcentaje va del 0,1 % al 0,2 % de la facturación”, dijo. (JS)
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