La región de América Latina y el Caribe atraviesa una crisis económica sin precedentes como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19, este impacto ha golpeado severamente a sectores que generan más de un tercio del empleo formal y un cuarto del producto interno bruto (PIB), según un informe reciente sobre los impactos de la pandemia en la región.
El estudio, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) identifica como los rubros más afectados el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; los hoteles y restaurantes; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y las manufacturas. El organismo estima que más de 2,7 millones de empresas formales en la región tendrían que cerrar, 2,6 millones serían microempresas.
El cierre de las empresas implicaría que se pierdan 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. La Comisión dice que la mayoría de las empresas de la región han registrado grandes caídas de sus ingresos y tienen dificultades para mantener sus actividades.
Cámaras empresariales de la región consultadas por Cepal coinciden en que cerca del 50 % de sus empresas agremiadas han registrado una caída en sus ventas y se han visto en la necesidad de suspender su producción y a parte de sus trabajadores y en otros casos despedirlos por no poder cumplir con sus obligaciones salariales y financieras.
Una portavoz de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) dice a este Diario que la organización cree que las cifras que se han podido rastrear en Colombia, que según el informe de Cepal apuntan a que el 96 % de las empresas tuvo una caída en sus ventas, podrían no reflejar lo que puede estar sucediendo en realidad y prefieren esperar a que la situación se calme un poco para obtener estadísticas reales.
Alarcón agrega que en este país la ayuda gubernamental ha sido muy limitada. “Han pasado tres meses y no logran colocar los $1100 millones que ofreció en créditos el Gobierno, no se tuvo flexibilidad en temas de seguridad social e impuestos, eso también ha repercutido en el cierre de empresas”, dice.
En Brasil, el 76 % de las empresas industriales redujo o paralizó su producción y el 55 % ha tenido dificultades para acceder a crédito para capital de trabajo, según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que también de manera personal ha dado asistencia a sus miembros y ha gestionado, junto con las Federaciones Estatales de Industria y la National Industry Forum (FNI), 37 medidas para ayudar a los afectados a resistir la paralización.
La Cámara Nacional de Comercio de Chile indica que el 37,5 % de las empresas del país redujo su personal entre abril y mayo. El 44 % de las empresas tiene un estado financiero malo o crítico y de las microempresas el 51 %.
Manuel Melero, presidente del gremio, dice que “la crisis es la más grande en la historia del sector” y comenta que tanto la pandemia como el estallido social que el país vivió en octubre son los elementos que explican la debacle del comercio y el turismo en el país.
Las cámaras consultadas coinciden en que es fundamental el apoyo con liquidez para sostener empleos, flexibilizar el acceso al crédito y planes sectoriales que permitan evidenciar las necesidades de cada sector.
Hasta el momento, la Cepal ha identificado 351 medidas tomadas por los Gobiernos de la región a partir de marzo de 2020 para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de las empresas. Esas acciones incluyen liquidez, créditos, ayuda directa, protección del empleo y apoyo a la producción y exportaciones, entre otras. Sin embargo, prevé que la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual y pueda tomar un par de años.
Ante este panorama, la Comisión enfatizó la necesidad de una respuesta a gran escala que evite la destrucción de las capacidades productivas y propuso cuatro conjuntos de medidas.
Primero, ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas; el segundo, cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses; en tercer lugar, realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos; y, por último, apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas.
Estas propuestas complementan a las recomendaciones anteriores de la Cepal que alentaban la entrega de un ingreso básico de emergencia equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70 % de la línea de pobreza extrema regional, pero que hasta el momento siguen sin concretarse.
