La cuenta regresiva comenzó. El tiempo para saber si el expresidente de la República, Rafael Correa, es sentenciado por el delito de cohecho se acorta desde la madrugada de ayer, cuando los jueces del Tribunal de Juzgamiento, Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez dieron por concluida la audiencia de juicio del caso ‘Sobornos 2012-2016’.
Luego de las casi 17 horas que llevó el décimo tercer día de esta diligencia, en la que la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de los 21 procesados expusieron sus alegatos finales para convencer a los jueces sobre su postura respecto al caso. Aproximadamente a las 01:30 de ayer, León dio por finalizada la audiencia y dijo que, oportunamente, se comunicará la fecha y hora en que se dará lectura a la resolución y sentencia.
Desde ayer, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia entró en etapa de deliberación para analizar los elementos de acusación y defensa. Además del exmandatario, también están involucradas personas cercanas a su Gobierno como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta, Viviana Bonilla; el exlegislador, Christian Viteri y 10 empresarios que se habrían beneficiado de contratos con el Estado con la entrega de sobornos.
‘Delito probado’
Para el abogado y experto en derecho penal, Pablo Encalada, la configuración del cohecho en este caso está debidamente probado por la Fiscalía. Certeza de que existe la materialidad del ilícito, señaló, es que gran parte de las defensas no lograron contradecir la existencia de pagos irregulares a las campañas de PAIS y del Gobierno de Correa.
“En términos generales habría responsabilidad de la mayoría: Correa, sus ministros y los contratistas. Es bastante claro que hubo un acuerdo de voluntades para dar estos sobornos y beneficiarse de los contratos”, señaló Encalada.
Lo que viene
Encalada cree que si se cumplen los tiempos procesales como manda la Ley, el país podría conocer una sentencia ejecutoriada en este caso a más tardar en mayo.
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dólares es el monto de reparación integral que pidió la Procuraduría en este caso.Sin embargo, el jurista agregó que, en esta clase de juicios, difícilmente se cumplen los plazos por la carga procesal antes que por la desidia de los jueces.
Sobre los tiempos, explicó que, aunque la Ley no prevea un plazo para que los jueces deban pronunciarse sobre la sentencia, ellos deberían tomarse al menos unas tres semanas, considerando la extensa información que deben analizar antes de dar su veredicto.
Luego de haber dictado sentencia de manera oral, los jueces tienen el plazo de 10 días para dejar sentado el fallo por escrito. Sin embargo, dijo que normalmente este procedimiento se tramita hasta en más de un mes.
Tras haberse dejado sentado el fallo, las partes procesales tienen el derecho de presentar los recursos de apelación que crean pertinente para intentar revertir la decisión de los jueces.
Según Encalada, el Código Integral Penal prevé plazos muy cortos para la sustanciación de los recursos de apelación y sustanciación.
