Después de más de once horas de instalada la audiencia de acción de protección interpuesta por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y de su ministro de Finanzas, Pablo Arosemena para reclamar presupuesto para la Función Judicial, la jueza de la Unidad de la Familia, Cecilia Pareja, suspendió la diligencia a las 21:07 de hoy, 10 de abril de 2023.
Durante la audiencia, Terán calificó como “inoperante” a la Función Ejecutiva, y le exigió entregar 265 millones de dólares que se requieren para satisfacer las necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica. Lo dijo respaldado en el artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
“¿Hay inseguridad jurídica? Es culpa del poder Ejecutivo”, expresó Terán, quien además pidió a la jueza la declaratoria de la vulneración de los derechos cuyo origen es la «merma sistemática» de recursos entre 2013 y 2023.
«Solo se está solicitando recursos para equiparar el gasto corriente, prueben y van a ver como la función judicial entrega sus productos al día», sentenció Terán.
Según el ministerio de Finanzas, el presupuesto asignado para la Judicatura es de 348 millones de dólares anuales, pero la mayoría es para «gasto en personal».
Asimismo, señaló que este año el CJ solo ha ejecutado el 2 % de su presupuesto y que en 2022 solo puso en marcha el 47 % de su «Plan Anual de Inversiones».
La juzgadora pidió a las partes procesales que se le remita la documentación de la prueba de manera física en el término de cinco días para ponerla en conocimiento de los interesados, y resolver en derecho.